Vie. Feb 3rd, 2023

Francisca, Pedro y Catalina, los tres hermanos de Rafael Puigrós, el último policía local de Palma en prisión por una condena derivada de una investigación del exjuez Penalva y el exfiscal Subirán, claman por la inocencia del funcionario y por la desesperada situación que atraviesa y anuncian que su abogado trabaja para presentar «un recurso extraordinario de revisión de su condena». Los tres son agentes municipales, como Rafael, y lucen camisetas con un mensaje que ya se ha hecho viral en el cuartel de San Fernando: ‘Libertad para Rafa Puigrós’. Francisca opina que el motivo por el que acabó investigado por el juzgado de Penalva y Subirán «fue porque apoyó, desde el principio, a los compañeros que el juez mandaba a prisión, ya que creía en su inocencia».

La funcionaria da más datos: «Seguramente aquellos comentarios de apoyo debieron llegar a oídos de los investigadores, y no debieron ser de su agrado. Cabe recordar que en esa ‘época de terror’, presuntamente, cualquier persona que se pronunciaba en contra de la instrucción del ‘caso Cursach’ pasaba a convertirse en investigado –en el mejor de los casos– o detenido y enviado a prisión si lo creían oportuno». La familia de Puigrós considera que «la señora Sonia Vivas, quien se autodenominó denunciante de la corrupción policial, fue quien introdujo a Rafael –y a otros policías–, en la causa matriz de la investigación, denunciando unos supuestos episodios homófobos».

También critican que no se realizó ninguna investigación interna para intentar aclarar los hechos denunciados por Vivas y que «esta señora gozó de una ‘presunción de verdad absoluta’ desde todos los ámbitos: policial, políticos y judicial. Y también contó con el apoyo de grupos y asociaciones a favor de los derechos LGTBI y de algunos periodistas». La familia denuncia que Puigrós está en prisión de forma injusta y que, además, el Ajuntament «lo machaca». «La situación actual de mi hermano es que está cumpliendo una pena de privación de libertad que no le corresponde porque es inocente. La situación de su núcleo familiar es vulnerable.

Están viviendo seis personas con el sueldo mileurista de solamente dos, teniendo que hacerse cargo de hipoteca, recibos y comida, entre otros gastos. Ahora mismo Rafael no cobra absolutamente nada. El Ayuntamiento lo suspendió en firme con efectos desde la fecha en que entró en prisión: en julio de 2021. Ahora, Cort pretende que devuelva el dinero que ha cobrado desde marzo de 2018 a julio de 2021. No entiendo como el Ajuntament puede machacar de esta forma a uno de sus funcionarios, que está encarcelado injustamente», se queja Francisca.

Con todo, la familia Puigrós no se resigna a que siga cumpliendo la condena de tres años y cinco meses en una cárcel de Albocàsser, en Castellón: «El abogado está trabajando para plantear un recurso extraordinario de revisión de la condena, que con los nuevos datos que han salido a flote con la celebración del juicio del ‘caso Cursach’ sobre las presuntas irregularidades cometidas por los instructores, si se hubieran conocido en el momento del juicio, con toda probabilidad el resultado no hubiera sido una condena». Por último, los hermanos Puigrós muestran su esperanza de que la causa sea revisada «y se instruya de nuevo por un juzgado de instrucción imparcial, que realice una investigación como es debida»

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Author: Javier Jiménez