Jue. Jun 30th, 2022

La Asociación de Navegantes del Mediterráneo mantiene su pulso contra el Govern. La organización ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial en el que insiste en llevar a juicio a la cúpula de la Conselleria de Medi Ambient por no sancionar a Emaya por los vertidos de aguas fecales a la bahía de Palma. El recurso considera claro que se está ante unos funcionarios públicos que habrían permitido durante años miles de vertidos al mar de aguas sin depurar sin hacer absolutamente nada. Entienden que este «clamoroso silencio» es en realidad un delito de prevaricación omisivo. Así consideran que hubo una actuación injusta y arbitraria la Conselleria cuando, a la vez incoó en menos de dos años cientos de expedientes sancionadores a embarcaciones por fondear sobre la posidoina, que afirman que han hecho sin justificar los daños.

Para la asociación denunciante, el auto del Juzgado de Instrucción 7 que sobreseía las actuaciones da por probados los hechos por los que ellos acusaban. Es decir, que se produjeron los vertidos y no se incoó ningún expediente. El magistrado de instrucción consideraba que no existió una dejación de funciones porque, explicaba, la Conselleria sí intervino para intentar solucionar el problema de base: la incapacidad de la depuradora de Palma para asumir todas las aguas que recibe. Así, valoraba que los 220 millones de euros que cuesta la infraestructura cuentan con financiación del Govern. La Fiscalía también descartaba la existencia de delito y apoyó la petición de archivo formulada por la Abogacía de la Comunitat.

Los navegantes reclaman en su recurso ante la Audiencia Provincial que se permita la apertura de juicio oral contra seis altos cargos y ex altos cargos de la Conselleria, todos lo que han ocupado puestos de responsabilidad desde 2014. Esto incluye a los consellers Vicenç Vidal y Miquel Mir, a los directores generales Juan Mesquida, Antonio Corral, Maria Magdalena Pons y Joana Maria Garau. Solo hacen una pequeña distinción sobre Mesquida, que sí dirigió un escrito a Emaya para preguntar por la situación. El recurso insiste en que es necesario que el caso llegue a juicio: dado que los hechos que se denuncian son graves y, por tanto es necesario debatir en un plenario las razones por las que tantos años y distintas personas, todas con responsabilidades no iniciaron expedientes a pesar a las denuncias y los cierres continuados de playas que consideran que pusieron en peligro la salud de las personas y del medio ambiente.

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Author: Víctor Malagón